La crisis de precios de la medicina privada se podría atenuar articulando las coberturas

Jorge Colina
Economista de IDESA

La medicina privada está atravesando por una severa restricción de recursos a raíz del congelamiento de sus precios. La forma de salir esta encrucijada es no profundizar el retraso de precios y empezar a articular las coberturas pública, de seguridad social y privada para no superponer acciones sanitarias.

 

Los precios de la medicina privada en un contexto de alta inflación

Desde diciembre del 2019, momento de asunción del nuevo gobierno, se ha producido una gran brecha entre la inflación medida por el Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y los ajustes de cuota de la medicina privada. En el Gráfico 1 se puede observar la dinámica de ambos conjuntos de precios.


Gráfico 1. Evolución de la inflación y los precios de los planes privados de salud

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y normativa

 

Entre diciembre 2019 y octubre 2020, que en gran parte fue el período de confinamiento estricto, la inflación general tuvo un ritmo de 2% mensual. En este período no hubo ajustes de cuotas de la medicina privada con el argumento de que la situación de los hogares era de emergencia y no había plafón para un ajuste de cuotas. Hasta octubre 2020, la brecha entre la inflación y las cuotas congeladas de la medicina privada ascendió al 27%. A partir de noviembre 2020, cuando la población empieza el des-confinamiento, la inflación se acelera a un ritmo de 4% anual. Si bien hubo ajustes de cuota (10% en diciembre 2020 y luego 14% partidos entre marzo y mayo 2021), fueron claramente insuficientes al punto tal que la brecha entre la inflación y las cuotas de la medicina privada llega en junio del 2021 a ser del 37%. Esta dinámica es por demás preocupante porque mientras la brecha más se abra, más difícil será luego recuperar el valor real de las cuotas.

El Gráfico 2 presenta la evolución de los precios mayoristas de los equipamientos médicos y el precio minorista de los insumos médicos (medicamentos, descartables y dispositivos de atención médica) medidos por el INDEC en comparación con las cuotas de la medicina privada. Aquí también las brechas se ubican en 35% a junio 2021. A diferencia de la inflación general, la inflación de equipamiento e insumos médicos se mantuvo creciendo a un ritmo bastante regular desde que comenzó el confinamiento (marzo – mayo) más que desde que terminó (octubre).


Gráfico 2. Evolución de inflación de equipamiento e insumos médicos y cuotas

Fuente: elaboración propia en base a INDEC y normativa

 

La gente, en general, y los políticos, en particular, tienden a ver con buenos ojos que las cuotas de la medicina privada no aumenten. La creencia se apoya en la noción de que esto defiende el bolsillo del consumidor. El problema es que las cuotas de la medicina privada son las que financian a los prestadores médicos para que atiendan a la gente.

Entonces, una cuota que vaya 37% por debajo de la inflación va a generar problemas a los prestadores médicos toda vez que el sindicato de la Sanidad (el sindicato de los trabajadores de los prestadores privados) siempre aspira a que el salario de los trabajadores de la salud, por lo menos, acompañe la inflación. Con semejante atraso de cuota es matemáticamente imposible que esto pueda suceder. Esto se va a traducir en tensiones, con visos de conflictividad sindical, en junio y julio que son los meses en que se celebra la negociación colectiva para el ajuste de salarios 2021 / 2022. Justo en el momento en que se atraviesa lo peor de la pandemia con clínicas y sanatorios desbordados de pacientes COVID-19.

Lo mismo con los insumos médicos y el equipamiento. Las clínicas y sanatorios para hacer frente a la pandemia tienen que hacer compras extraordinarias de medicamentos para las áreas de cuidados intensivos. No sólo que hay que comprar muchas más unidades sino que sus precios subieron mucho y hasta incluso se experimentan faltantes en el mercado lo que no deja espacio para negociar mejores precios.

La pregunta obviamente es qué hacer con el tema de las necesidades crecientes de recursos sanitarios (humanos y físicos) que demanda el COVID-19 con un mecanismo de financiamiento que es de fuente privada. Los afiliados a la medicina privada también están atravesando momentos críticos de estrechez económica producto de una crisis que ya venía desde el 2018 y que el confinamiento estricto y muy largo del 2020 vino a agravar. La crisis sigue profundizándose con una virulenta segunda ola de contagios que hace avizorar que la situación todavía puede empeorar.

Se vuelve complicado pensar con este panorama que sea factible pedirle a la población aumentos de cuotas del orden del 35%. Máxime cuando a las necesidades crecientes de recursos sanitarios que demanda el COVID-19 se le suma una inflación de precios también creciente. Con lo cual el ajuste de cuota que hoy se requiere no sería el único, sino que sería más bien el primero de una sucesión de ajustes que se va a requerir en el futuro.

¿Qué hacer?

Toda crisis es una oportunidad. Por ello, esta sería la oportunidad para revisar críticamente la irracional regla de cobertura de la salud que prevalece en la Argentina. Esta regla se ilustra en el esquema 1. La base de la cobertura de salud en Argentina está en el sistema público que se financia con rentas generales (impuestos) y al cual toda la población tiene acceso. Si bien no tienen explicitado un paquete de prestaciones médicas como el Programa Médico Obligatorio (PMO), se da por sentado que el Estado en el sistema público de salud debe cubrir toda necesidad que se le presente. Así lo atestiguan los fallos de la Justicia cuando responden a amparos donde los demandados son los Estado provinciales por el sistema público de salud.

Luego, dos tercios de la población tiene cobertura de obra social. Sea de una obra social nacional, provincial, PAMI o las obras sociales de otros tipos (fuerzas armadas, de seguridad, de universidades y de los poderes Legislativo y Judicial). Estas personas vuelven a pagar por la cobertura de salud con impuestos sobre el salario para volver a tener garantizado legalmente el PMO, sin dejar de tenerlo garantizado también en el sistema público. Hay que aclarar que el PMO es un derecho explícito para los afiliados de las obras sociales nacionales pero, al igual que con el sector público, la Justicia hace en los hechos extensible las prestaciones del PMO al resto de las obras sociales. En suma, las personas que tienen cobertura de obra social tienen doble cobertura: un PMO garantizado por el sistema público y otro PMO igual garantizado por las obras sociales; pagados por dos fuentes de ingresos: impuestos generales e impuestos al trabajo.

La historia no termina aquí. Un 16% de la gente aproximadamente hace derivación de aportes salariales desde una obra social hacia una empresa de medicina privada. Mucha de esta gente hace pagos de bolsillo para acceder a un plan de la medicina privada. La legislación le impone a la empresa de medicina privada que también garantice el PMO. Con lo cual estas personas –que prácticamente en su totalidad son de altos ingresos– tienen garantizado tres veces el PMO: una vez con el sector público, otra vez con su obra social y otra vez con la empresa de medicina privada. O sea, triple cobertura. Financiada con las tres fuentes de financiamiento: impuestos, salarios y pagos de bolsillo.


Esquema 1. La regla de cobertura de salud en Argentina

Fuente: elaboración propia en base a legislación vigente

 

Este desorden en la cobertura sanitaria es muy ineficiente porque multiplica recursos para obtener el mismo producto (el PMO). Pero además es muy regresivo porque la multiplicación de recursos aumenta con el nivel de ingreso de las personas. En el Gráfico 3 se presenta la distribución de las coberturas según la distribución del ingreso de las personas. Como se puede observar con bastante facilidad, en los deciles de ingresos más bajos (los de menor nivel de ingreso) prevalece la cobertura sólo de hospital público, en las personas de ingresos medios prevalece la doble cobertura (sistema público más seguridad social) y en los deciles de mayor nivel de ingreso es donde aparece la triple cobertura (sistema público, seguridad social y cobertura privada).


Cuadro 3. Distribución de la cobertura según el ingreso de las personas

Por decil de ingreso

Fuente: elaboración propia en base a EPH del INDEC

 

Esta ineficiencia e inequidad de la cobertura es fruto del voluntarismo de querer garantizar cobertura efectiva obligando a todos los mecanismos de cobertura a brindar los mismos servicios. En un sector como el de la salud privada que está atacado por el Covid-19 y la inflación es irracional mantener este desorden, máxime cuando ya está sufriendo un más que importante retraso de precios.


Propuesta de política

En los países avanzados donde también conviven en el sistema de salud los esquemas públicos o de seguro social con esquemas de cobertura privada, las coberturas no se superponen. En general, países como España por ejemplo que tiene cobertura pública para toda la población, los planes de salud privado no son integrales sino que son un complemento del sistema público. Los planes privados tienen la opción de tener copagos o no, tiene la opción de ser solamente para atención ambulatoria, otros tienen el adicional de hospitalización y, en general, se trata de atención de agudos y crónicos controlables, excluyendo el muy alto costo (que está cubierto por el sistema público). Esto hace que los precios de los planes privados sean mucho más accesibles.

En este sentido, el gran retraso de precios de las cobertura privadas que se está experimentando en Argentina y que tiene claros visos de continuar mientras la inflación se mantenga muy alta (se estima que en el 2021 la inflación será superior al 50%), genera la oportunidad de articular mucho mejor las coberturas.

La cobertura privada –que se financia con recursos de bolsillo– debería tener la opción de brindar planes parciales que expliciten que lo que no está expresamente cubierto es responsabilidad del sistema público de salud. Esta es una forma de coordinar los escasos recursos sanitarios alivianando la presión por atención médica en el sistema público por la gente que pueda pagar un plan parcial y alivianando los presupuestos de la cobertura privada en aquellas acciones que corresponde a la salud pública, como ser las medidas transversales de prevención de la salud y el muy alto costo. Esta sería una forma de articular con mayor eficiencia y equidad el funcionamiento de las coberturas. Las personas seguirían cubiertas por el PMO sólo que recibirían los servicios por canales diferentes.

La experiencia del COVID muestra que este tipo de articulación es posible. El sector público se hizo cargo de lo que es la prevención (testeos y vacunas) y luego la prestación médica se ejecutó en función de la cobertura: la gente sin cobertura en los hospitales públicos, la gente de obra social a través de su entidad y la gente de la cobertura privada lo hizo a través de su plan de salud. Este es un claro ejemplo de coordinación de las coberturas para no superponer acciones de salud.

Incluso en los casos en donde el plan de salud privado detecta casos entre sus afiliados, el mismo plan informa a la autoridad sanitaria de su jurisdicción y hace el seguimiento, quitando presión al sistema público del seguimiento de estos casos.

En el fondo, la atención del Covid está siendo hecha con una improvisada articulación público-privada que, a medida que se va transitando, va mejorando. Pero que deja una clara enseñanza de que es factible y arroja mejores resultados coordinar esfuerzos y no obligar a todos los actores a hacer lo mismo.

Hay que empezar a pensar en tener un solo PMO y coordinar las coberturas públicas, de seguridad social y privada para que concurrentemente cada una se haga cargo de una parte.