"La Salud" y su evolución nos hace ver una problemática

por el Dr. Luis María Degrossi
Presidente de ADEMP



¿QUIÉN, CÓMO y CON QUÉ ALCANCE SE DEBE FINANCIAR?

En principio, nos permitiremos hacer una breve reseña histórica evolutiva de "La Salud", que consideramos muy importante para comprender ciertos argumentos que se volcarán a lo largo de ésta editorial. Para no aburrir con los considerandos, dejaremos de lado su contexto y características anteriores al siglo XX, porque recién después de allí comenzó lo que se denomina "medicina científica", y a partir de dicho nacimiento, se abandonó definitivamente cualquier relación entre esa ciencia, la brujería y la religión como instrumentos para curar las enfermedades, que hasta dicho momento se las entendía como presuntos maleficios y/o castigos, y no como lo que realmente son, es decir situaciones patológicas del cuerpo y/o de la mente.

Entonces, en dicha era de la ya mencionada "medicina científica-tecnológica y de prevención", comenzó allá sobre los principios del siglo XX, la imperiosa e insalvable necesidad de incluir en su posterior desarrollo, la variable económica (financiamiento), ello obviamente, por la fuerte inversión que por aquél entonces ya demandaba. Inversión ésta, que con el correr de los tiempos fue creciendo exponencialmente. Y con ello, surgió la hasta hoy incesante denominada "inflación médica", que tanto trabajo nos cuestas a nosotros, los financiadores, hacerles entender no sólo a los beneficiarios del sistema, sino también y especialmente a los gobiernos de turno.

Todos los cambios tanto sociológicos como "normológicos", hicieron en el caso de nuestro querido país introducir ya en la Constitución de 1853 y desde la propia formación del Estado Argentino, a la salud como un derecho positivo (legislado). Pero por razones obvias, ello sólo se limitó a ser una mera expresión de principios y, porque no, de deseos que nunca se pudo materializar. Dado que sin perjuicio de ello, las severas y constantes crisis económicas y el franco desinterés del Estado, transformaron el derecho positivo a la salud en una simple declaración dogmática, pero que pragmáticamente y, a través de los años, fue francamente inexistente. Ello dado que, a principios del siglo XX, la que denominamos “medicina científica” era patrimonio de los médicos, con una insignificante participación de los hospitales públicos, que ya por aquél entonces eran pocos y sin los recursos suficientes para resolver la atención médica de la población.

Luego pasamos al otro extremo donde, desde 1930 y hasta 1960, fue el efector público con sus respectivos profesionales médicos quién acaparó la atención de los argentinos. Ello a través de una fuerte inversión pública originada por un cambio filosófico-político y cultural, que llevó a la construcción y puesta en funcionamiento de los más grandes hospitales que hasta hoy perduran. A partir de la década del 60, se empezó a deteriorar ese sistema público de atención. A ello, debemos sumar, un hito muy trascendente que algunos olvidan, es decir, el hecho de que el gobierno militar del General Onganía hizo entrega del manejo económico de las Obras Sociales a los propios Sindicatos. Es así, y ante dicha coyuntura de desinterés y desfinanciamiento estatal, que comienzan a surgir las primeras Entidades de Medicina Privada (primero prestadoras y luego financiadoras), que a nuestro criterio vienen a revertir una situación que por aquel entonces se había tornado insostenible y confusa, el hecho de resolver ¿QUIÉN, CÓMO y CON QUÉ ALCANCE, y ante el total desentendimiento del Estado, comenzaría a brindar y por ende a financiar la atención médico-asistencial de todos nosotros? Así fue entonces, que surgieron todas y cada una de nuestras Entidades. Entidades éstas que, lógicamente y con el transcurso del tiempo tomaron más impulso, más importancia y más trascendencia en las décadas de los ochenta y noventa, con el franco y constante achicamiento del Estado. Situación ésta, que como todos sabemos, continúo agudizándose en la primera década del siglo XXI y porque no y también, hasta el presente.

Como hemos visto el financiamiento puede ser según la época de carácter público, privado, mixto, o devenido en la seguridad social (ya sea respecto de los beneficiarios directos de las Obras Sociales y/o de la transferencia de recursos al sector privado vía desregulación). O también puede darse una conjunción de todos los orígenes anteriores, pero de lo que sí, no quedan dudas, es que siempre ha sido insuficiente. Y su insuficiencia ha sido generada por el propio Estado, porque a lo largo de los años ha dictado normas tales como el Plan Médico Obligatorio y/o de Emergencia; discapacidad, fertilización asistida, celiaquía, obesidad, anticonceptivos, diabetes, etc., etc., etc. Pero su “dantesco broche de oro” fue la Ley 26.682, que terminó no sólo de confirmar que el recurso para el financiamiento de tantas e infinitas prestaciones era insuficiente, sino que también iba a comenzar un marcado, constante e insostenible desfinanciamiento, tanto del Subsector Privado, como del Subsector de la Seguridad Social. Extremo este que hoy a casi siete años de plena aplicación de dicho Plexo Normativo, quedó amplia, categórica y desgraciadamente confirmado.

Ahora, bien y a pesar de todo, seguimos siendo optimistas, optimistas por lo menos en cuánto algunos aspectos que consideramos muy importantes para poder empezar a revertir la mencionada y hoy insostenible situación, como por ejemplo: La creación de la AGNET (Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías), la creación del SENEC (Seguro Nacional de Enfermedades Catastróficas), la modificación de la Ley 26.682 y porque no, su derogación. Optimismo éste que indudablemente deberá ser acompañado y sustentado con las rápidas y necesarias respuestas que este gobierno, en el cual aún seguimos creyendo, les dé a estos temas que tanto nos aquejan y que tanto daño nos han causado.

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