Enfoques de Políticas Sanitarias N°56

EL BALANCE DE LA ECONOMÍA EN EL 2016 Y LOS DESAFÍOS QUE GENERA PARA LA SALUD PRIVADA EN EL 2017

Jorge Colina. Economista de IDESA.

Concluye el primer año de gestión del nuevo gobierno con un balance neutro. Se pudo desarticular muchas de las distorsiones económicas heredadas sin caída importante de la actividad y el empleo, aunque con todavía alta inflación. El desafío para el 2017 es recuperar el crecimiento y bajar la inflación. Esto significará cambios en la lógica con que vienen operando los actores del sector privado de la salud.

La actividad económica y la inflación En materia económica, el primer año de gestión del nuevo gobierno mostró resultados que eran predecibles, por la magnitud de la herencia recibida, aunque dispares con las expectativas, ya que la población tiene ansiedad por la recuperación económica, de los ingresos personales y la reducción de la inflación.

Comenzando por la actividad económica, el nuevo INDEC corrigió las mediciones del Producto Bruto Interno (PBI) de los años anteriores y confirmó lo que las consultoras privadas venían advirtiendo desde hace varios años: que la economía está estancada desde el 2011. En el Gráfico 1 se presenta la medición que venía haciendo el INDEC intervenido por el gobierno anterior, la que hacían y siguen haciendo las consultoras privadas (en este caso representada por el Indice General de Actividad -IGAde Orlando Ferreres) y la Revisión 2016 que hizo el nuevo INDEC.

Hasta el año 2007, cuando empiezan las manipulaciones de las estadísticas oficiales, había coin cidencia en las mediciones. A partir del 2008 comienzan las divergencias donde la primera más visible es en la crisis internacional del 2009 que las consultoras privadas señalaban una sensible caída del nivel de actividad mientras que para el INDEC intervenido hubo sólo un reducción del crecimiento.

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Fuente: INDEC y Orlando Ferreres & Asociados

El período entre el 2009 y el 2011 es coincidente, pero a partir del 2011 vuelven las divergencias ya que el INDEC intervenido señalaba un crecimiento total para el período del 10% cuando las consultoras privadas daban estancamiento. La Revisión 2016 terminó confirmando lo que señalaban las consultoras privadas: estancamiento.

Las diferencias no son triviales porque, según el INDEC intervenido, en la gestión anterior el PBI habría crecido un 80% en términos reales entre el 2004 y el 2011, cuando según la Revisión 2016 del nuevo INDEC en realidad la economía habría crecido menos del 50% en el período. En otras palabras, la economía tendría un tamaño que sería un 20% inferior a lo que el gobierno saliente decía que tenía cuando ellos dejaron el poder. El corriente año, 2016, viene teniendo en la primera mitad una caída del 3% en términos reales y según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que es un seguimiento de pronósticos que la autoridad monetaria hace entre unos 60 analistas de mercado privados, en la segunda mitad del año la caída se modera terminando el 2016 con un descenso en el nivel de actividad del orden del 2%. Lo cual no es un “desplome” de la actividad económica sino la continuación de un efecto “serrucho” ya que en el 2013 se creció 2,3%, en el 2014 se cayó 2,6%, en el 2015 se creció 2,4% y en el 2016 se caerá en el orden de estos porcentajes.

En términos de inflación, a setiembre del 2016 la tasa había sido inferior al 1% mensual lo que proyectándola en ese nivel para el último trimestre del año habría dado una inflación anual del 36%. Pero en octubre y noviembre hubo un rebote de la inflación, por el tema tarifario fundamentalmente, del orden del 2% mensual, lo que hace revisar la proyección y, según el REM del Banco Central, la inflación del 2016 terminará en el 40% anual.

Los analistas que reportan al REM del Banco Central colocan a la inflación del 2017 en 20% y a la del 2018 en 15%. De todas formas, el tema de la inflación depende del déficit fiscal nacional. En este sentido, la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes y de capital del Estado nacional da un déficit de 3,5% del PBI; cuando se suman los pagos de intereses de deuda, el déficit sube a 5,2% del PBI; y cuando se descuentan las transferencias del Banco Central y ANSES queda que el desequilibrio fiscal asciende a 7,3% del PBI. Este sería el desequilibrio total, bien medido del Estado nacional. Es un déficit alto que se debe financiar con emisión monetaria (inflación) o, si no se quiere emitir, con endeudamiento público lo que le saca crédito al sector privado no ayudando a la recuperación económica. De aquí que el tema del año que viene será sin dudas el déficit fiscal y el endeudamiento público.

El empleo

Otra revisión que hizo el nuevo INDEC es la medición de los indicadores laborales. La novedad en este sentido es que el gobierno anterior decía que el desempleo era del 6% y en la revisión la nueva tasa de desempleo dio 9% de la población activa. La diferencia está en la población activa, o sea, la tasa de participación laboral. Es decir, para el anterior gobierno sólo el 44% de la población trabajaba o buscaba activamente un trabajo (cuando en el 2011, último año de crecimiento económico, esta tasa era de 46%), mientras que el nuevo INDEC reporta una tasa de participación laboral del 46%. Por eso, la tasa de desempleo le da mayor.

En ambos casos (INDEC intervenido e INDEC nuevo) la tasa de empleo total da 42% de la población urbana. Esta tasa es baja. Es decir, no hay dudas que faltan empleos en la economía. Sólo que para el anterior INDEC había efecto desaliento (gente que dejaba de buscar activamente un empleo por escasez de ellos, como ser amas de casas, estudiantes o “ni-nis”), mientras que para el INDEC actual hay más gente buscando activamente un trabajo y no lo encuentra. Este 42% de la población urbana que está empleada representa 17 millones de personas, siendo que la gente en edad de trabajar es de 23 millones (aquí se ve que la tasa de ocupación es baja o que hay mucha gente que teniendo edad de trabajar, no trabaja). De los 17 millones, hay 5 millones que son no registrados, es decir, no tienen aporte previsional registrado en la base de la AFIP, mientras que los 12 millones restantes tienen aporte en AFIP con diferentes modalidades de empleo. Una de las novedades que presenta el nuevo Ministerio de Trabajo es una caracterización de estos trabajadores con aportes en AFIP. A setiembre del 2016 el empleo registrado se conformaba según se muestra en el Cuadro 1.



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El cuadro tiene varias e interesantes dimensiones. En primer lugar, de los 12 millones de ocupados que hacen aporte de seguridad social a AFIP, son 8,5 millones (71%) los que tienen un empleo privado de los cuales 6,1 millones (72%) son asalariados privados registrados. Estos son el universo que puede hacer derivación de aporte de obra social a la medicina privada. Luego, hay 1,5 millones de monotributistas (18%) y medio millón de trabajadoras de servicio doméstico (6%), o sea 2 millones que aportan a obra social pero con una cuota baja. Unas 400 mil personas (4%) son autónomos que, de no tener un familiar con cobertura de obra social, son los que compran los planes privados de salud voluntarios.

Cuando se mira la variación interanual, surge que los asalariados del sector privado formal cayeron en 92 mil ó 1,5% (estos son los que aparecen frecuentemente en los titulares de los diarios con la noticia de que hay 100 mil empleos formales menos), que se compensan con un aumento del resto de las modalidades de empleo privado registrado, fundamentalmente con el aumento de monotributistas y casas particulares. No es trivial esta dinámica para el sistema de salud porque significa que hay menos aportantes de buen salario y más de aportes bajos.

Por el lado del sector público, hay 3,1 millones de empleados públicos (26%) y unos 350 mil monotributistas sociales (3%) los cuales son monotributistas de muy bajo ingreso a los que el Estado les paga la cuota y la mayoría son beneficiarios de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social (por ejemplo, el Plan Argentina Trabaja y otros). Obsérvese que el empleo público no bajó, al contrario, subió en 46 mil personas o 1,5% que corresponden no sólo al sector público nacional sino también provincial y municipal. Esto muestra que los reclamos de los sindicatos de empleados públicos denunciando despidos masivos en el Estado son de muy débil fundamento. Lo mismo con el tema de los planes sociales. Las organizaciones piqueteras cortan las calles y exigen la declaración de la “emergencia social ante el recorte de planes sociales”. Pero la evidencia muestra que las personas que se quedaron sin planes sociales son apenas 13 mil o el 3,8%.

Un balance simple de la economía

La economía sigue estancada desde el 2011, habrá una caída del 2% – 3% en el 2016 que no es un “desplome” de la actividad económica sino la continuación de un efecto “serrucho” que se viene observando desde hace 5 años. La inflación fue alta en el 2016, lo que era esperable porque se sinceraron variables importantes (dólar y tarifas) sin dejar de aumentar los salarios como lo venían haciendo (el promedio subió 32% anual tal como en el sector salud). Los analistas son optimistas en que bajará pero esto depende del déficit fiscal y de las expectativas en las negociaciones colectivas salariales del año que viene. El empleo total se mantiene, el empleo privado formal también sólo que cayó el empleo asalariado y creció el cuentapropismo y el servicio doméstico. El empleo público y los planes sociales no se redujeron. Al contrario, en términos netos aumentaron. El balance es neutro en el sentido que se pudo poner en marcha un proceso de desarticulación de las distorsiones acumuladas por la gestión anterior y sincerar las variables de la economía sin grandes sacrificios en términos de nivel de actividad y empleo.

… y por el sector privado de la salud?

Aquí es donde puede haber novedades de cara al 2017. En el marco en que la inflación general fue del 40% en el 2016, para los precios autorizados a los planes de salud el año no fue malo. Los aumentos autorizados fueron 9% en marzo, 15% en junio, 5% en julio y 9% en octubre. En el acumulado, los precios de los planes privados de salud fueron autorizados a crecer un 43,5%.



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Ciertamente que el 9% de marzo puede ser atribuido al año anterior, pero en cualquier caso, tratándose de una nueva administración de distinto signo político, que reconozca un retraso de la gestión anterior tiene similar mérito que haberlo autorizado atribuyéndolo al año en curso. En el Gráfico 2 se presenta la dinámica de precios donde se puede observar cómo en la primera mitad del año hubo cierto retraso respecto a la aceleración de la inflación general, pero en la segunda mitad los precios de los planes privados se recuperan y acompañan la inflación. En general, estos aumentos fueron trasladados a los prestadores médicos que, en el caso de los hospitales privados, tuvieron que hacer frente a aumentos de costos laborales del orden del 35% anual, por lo que los aranceles médicos también acompañaron a la inflación general.

El año 2016 no es un año representativo de cara al futuro. El 2016 no fue un año de política anti-inflacionaria sino más bien de sinceramiento de precios y compensación por la aceleración de la inflación que dicho sinceramiento provocaba en los ingresos de la población. De aquí la convalidación de aumentos salariales en el orden del 35% anual, los aumentosen las transferencias estatales (jubilaciones y planes sociales) y los “bonos de fin de año”. Pero el año 2017 va a ser diferente si es que el objetivo de políticas es bajar la inflación. Allí se apelará a acciones de desinflación o de aminoración de expectativas de precios.

Esto significa que habrá menos convalidación de aumentos centralizados de precios y salarios. En otras palabras, se inducirá a que los precios y los salarios se determinen más por la libre negociación de partes antes que por imposición del Estado de aumentos centralizados.

Esto cambia la forma en que se venía operando en el sector privado de la salud en los últimos 12 años. Hasta ahora, la lógica partía de un aumento de salario nominal en el convenio de la sanidad prácticamente impuesto por el sindicato y convalidado por el Estado. Los prestadores privados automáticamente ENFOQUES DE POLÍTICAS SANITARIAS N° 56 salían en busca de un aumento de aranceles compensatorio atado a dicho aumento de salario convencional y los seguros privados de salud recurrían a la Superintendencia de Servicios de Salud a solicitar el correspondiente aumento de precios de planes que provocaba el pedido de aumento de aranceles motorizado por el aumento de salarios. Este era un círculo que se repetía todos los años gastando energía y tiempo de dirigentes de empresas de salud tocando puertas, aguardando en salas de espera de despachos públicos y sobre llevando largas y repetitivas reuniones con funcionarios públicos.

En un entorno de política anti-inflacionaria, la negociación colectiva va a tender a estar más determinada por lo que los financiadores y prestadores estén dispuestos a pagar, a sabiendas de antemano que la Superintendencia de Salud no necesariamente se compromete a autorizar aumentos de precios de planes privados atados a aumentos de salario. Dicho de otra manera, la reducción de la inflación va a requerir que sean las interrelaciones de los agentes económicos (usuarios, financiadores, prestadores, sindicatos, trabajadores) las que determinen los precios y salarios del sector privado de la salud en función de la capacidad de pago de los usuarios y de las estructuras de costos de financiadores y prestadores, y no de la decisión –caprichosa o fundada– de un burócrata estatal.

Este puede ser un cambio que implique modificar estilos de gestión. Menos visitas a funcionarios públicos y más gestión interna de las instituciones de salud. Hay que estar preparados para los cambios de escenarios que se pueden venir a partir del 2017.

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