Enfoques de Políticas Sanitarias N°57

SALAS MATERNALES Y GUARDERIAS EN LA LEGISLACIÓN LABORAL PONEN EN JAQUE A LAS INSTITUCIONES DE SALUD

Jorge Colina. Economista de IDESA.

Un reciente fallo de la Justicia manda al Poder Ejecutivo a regular la obligación de las empresas a brindar servicios de salas maternales y guarderías. En el sector salud esto puede implicar una crisis financiera en vistas a la alta preponderancia del trabajo femenino. No es buena política que el Estado se desentienda de sus obligaciones transfiriéndolas a los privados. En este número de los Enfoques se cuantifica el tema y se dan las recomendaciones de política que corresponden.

El fallo de los jueces sobre salas maternales y guarderías en lugares de trabajo

La Ley de Contrato de Trabajo fue redactada y puesta en vigencia en el año 1974. En su artículo 179 estipula que las empresas deben habilitar salas maternales y guarderías para niños cuando contraten mujeres. El tamaño de empresas que quedan obligadas, la edad de los niños hasta la cual las guarderías serán habilitadas y las condiciones en que el servicio será brindado es delegado a la reglamentación. Sin embargo, este artículo nunca se reglamentó.
Hasta muy recientemente, que, habiendo pasado 42 años, la Justicia dictaminó que el Poder Ejecutivo debe reglamentar dentro de 90 días (o sea, cuando este número de la revista esté en la calle) la obligación de las empresas a brindar salas maternales y guarderías.
La primera sensación que este tipo de fallo judicial genera en el ciudadano común es de afirmación en el sentido de que sería de justicia social que las empresas provean lugares para el cuidado de los hijos de las mujeres trabajadoras. Pero las evidencias muestran que los efectos son exactamente los contrarios. Obligar a las empresas a dar servicios de salas maternales y guarderías no soluciona el problema de las mujeres que realmente necesitan de este tipo de servicios a raíz de que no tienen recursos para pagarlos. Con lo cual el supuesto acto de justicia social termina siendo una mera declamación. La razón es simple: las mujeres de menores ingresos no trabajan como asalariadas registradas.
Algunos datos oficiales permiten ilustrar el fenómeno. En el Gráfico 1 se presenta la proporción de mujeres que trabajan como asalariadas registradas (“en blanco”) en empresas privadas y en el sector público, según el nivel de ingreso per cápita del hogar. Entre las mujeres que habitan en el 30% de los hogares de mayor nivel de ingresos, que es lo que coloquialmente se asocia como la clase media, el 61% de las mujeres en edad de trabajar se desempeña como asalariada registrada. En el otro extremo, entre las mujeres que viven en el 30% de hogares de menores ingresos, que es el segmento muy asociado con la pobreza, sólo el 6% tiene un empleo asalariado registrado. En el medio, entre las mujeres del 40% de hogares de ingresos intermedios, apenas un tercio tiene un empleo asalariado registrado.

Gráfico 1. Mujeres ocupadas como asalariadas registradas
(En proporción al total de mujeres de cada segmento según ingreso per capita del hogar)


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Al Gráfico 1 hay que sumarle un dato adicional. En el 30% de los hogares de menores ingresos hay 2,3 niños por hogar, cuando en el 30% de los hogares de mayores ingresos hay 0,5 niños por hogar. Con lo cual la acción de la Justicia de mandar al Poder Ejecutivo a obligar a las empresas a disponer de servicios de salas maternales y guarderías alcanzaría sólo a las mujeres de clase media, que son las que menos hijos tienen en promedio, y genera un enorme desincentivo a crear puestos de trabajo asalariados para mujeres de bajos niveles de ingresos, ya que son las que más hijos tienen. Así, este tipo de acción judicial profundiza la pobreza entre los hogares que hoy la sufren y profundiza también la desigualdad en la distribución del ingreso dado que suma obstáculos a la creación de empleos para las mujeres que hoy no tienen trabajo y tienen bajos ingresos.

Este tipo de fallos judiciales puede causar severo daño al sector salud

Aunque el fallo no tiene ninguna relación con el sector salud, colateralmente le puede infligir un importante daño financiero dado que el sector salud es eminentemente de empleo femenino. Yendo a los datos, la fuente de información para aproximar la cantidad de trabajadores de la salud en Argentina es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC cuya última actualización es al 3° trimestre del 2016. Tiene una limitación y es que solo comprende a los 31 aglomerados urbanos más grandes del país que los conforman la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), las capitales de provincias y ciudades importantes del interior de las provincias . Es representativo de 27 millones de personas o un 60% de la población. A los efectos de estimar los recursos humanos que se desempeñan en el sector salud la limitación es relativa ya que en estos aglomerados es donde se aglutina la enorme mayoría de los trabajadores de la salud. Según esta fuente, en la Argentina hay 638 mil trabajadores de la salud en los grandes aglomerados urbanos de los cuales el 68%, o sea 434 mil, son mujeres y el restante 32% o 204 mil son varones. De este total de 638 mil trabajadores, unos 100 mil reportan ser no asalariados (o sea, patrones o empleadores o cuentapropistas) y otros 240 mil son empleados públicos, lo que lleva a la conclusión que habría, como mínimo, unos 300 mil trabajadores de la salud que se desempeñan en empresas de salud privadas como empleados en relación de dependencia. Una aclaración importante es que, si bien se sabe que una característica distintiva del sector salud es el multiempleo, en el sentido de que sus trabajadores suelen tener múltiples fuentes laborales con variadas modalidades contractuales (médicos, enfermeras, mucamas pueden trabajar en hospitales públicos, clínicas privadas y por cuentapropia ocasional), lo que la EPH reporta es la ocupación principal. Por ello se entiende que los 300 mil trabajadores en empresas privadas de salud en relación de dependencia es un “como mínimo” ya que a ellos habría que sumarles aquellos que teniendo como ocupación principal el empleo en hospitales públicos o el cuentapropismo también trabajan como actividad secundaria en establecimientos privados. De los 300 mil asalariados privados registrados, 70% son mujeres y 30% varones

(Gráfico 2). En términos cuantitativos, hay trabajando en establecimientos privados de la salud más de 200 mil mujeres en relación de dependencia.

Gráfico 2. Personas ocupadas en el sector salud



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Así las cosas, una normativa que estipule la obligación de brindar servicios de salas maternales y guarderías tendrá un impacto excesivamente gravoso en los costos laborales de las instituciones privadas de salud. Para tener una idea de magnitudes, según la misma fuente de donde se extraen los datos de ocupación en el sector salud (la EPH del INDEC), aproximadamente un 15% de estas 200 mil mujeres tiene al menos 1 hijo con menos de 5 años, que son los niños que califican para salas maternales y guarderías. Se trata de 30 mil niños.

Para estimar cómo impactaría sobre los costos de cada institución la atención de la parte que le corresponda atender de estos 30 mil niños se puede tomar una institución estándar, que podría ser una de 85 camas. Según datos relevados en establecimiento privados, se estima que se requieren 12 empleados en relación de dependencia por cama (empleados de todo tipo: médicos, enfermeras, mucamas, paramédicos y personal administrativo y de mantenimiento). Siendo así, una clínica de 85 camas tendría algo así como 1.020 empleados en relación de dependencia. Si la tasa de mujeres trabajadores es de 70%, habría 714 mujeres, las cuales en un 15% tendrían niños menores de 5 años. Esto implica que una institución estándar de salud de aproximadamente 85 camas debería proveer de servicios de cuidados infantiles para 107 niños (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estimación sobre la cantidad de niños al que se debería proveer servicios de salas maternales y guarderías infantiles en una institución de salud de 85 camas



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Esa cantidad de niños es equivalente a una escuela de educación inicial con 5 salas y 20 alumnos por sala. Esto no es una escuela pequeña. Es bastante más grande que muchas de las instituciones de educación inicial privadas que hoy operan en las grandes ciudades. Teniendo en cuenta, además, que la sala de 0 y 1 tienen que contar con equipamientos especiales de cunas y lugares de tranquilidad, conviviendo con salas de 2 y 3 años equipadas con espacios de juego y elementos de amortiguación de golpes y salas de 4 y 5 con sillas y bancos asimilables a una escuela de educación formal, más el personal especializado, no es exagerado afirmar que los costos serán sideralmente elevados considerando que quién deberá proveerlos es una institución de salud, no de educación. Todo sin contar las responsabilidades civiles por lo que a los niños les pueda pasar en su integridad.

Si la institución de salud no desarrolla infraestructura propia sino que decide compensar económicamente a sus trabajadores por los servicios de cuidado de la primera infancia, la transferencia de recursos del sistema de salud hacía el sistema de educación sería de un escuela de educación inicial cada 85 camas.

Conclusión y recomendaciones de política

Es de mala política pública que el Estado se desligue de su responsabilidad de la educación inicial con el mero trámite de emitir un fallo judicial y una norma reglamentaria por el cual pasa dicha responsabilidad a las empresas. Los motivos son múltiples y ninguno menos importante.

En primer lugar, si las empresas otorgan el beneficio, las beneficiadas no serán las mujeres que más lo necesitan sino aquellas que ya tienen el cuidado de los niños prácticamente resuelto, que son las mujeres de clase media. De esta forma, la regulación inducirá a las empresas a evitar o minimizar contratar mujeres en edades reproductivas y seguramente que la responsabilidad de las empresas por el cuidado de los hijos de las mujeres trabajadores redundará en controversias, litigiosidad y deterioro del clima laboral.

En segundo lugar, no resuelve el verdadero problema de la Argentina que es el déficit de educación inicial para los hogares de clase media baja y los hogares pobres los cuales no trabajan en empresas formales. En la mayoría de los casos no trabajan, porque están en la inactividad laboral, y, cuando trabajan, lo hacen en la informalidad. En estos contextos, fallos judiciales y regulaciones de imposición de obligación de privados a favor de otros privados sólo quedan en la declamación y las promesas incumplidas. Son los Estados provinciales y municipales los que deben conformar servicios de salas maternales y guarderías de calidad, poniendo como prioridad los hogares de menores ingresos. Incluso, la prioridad no es construir centros estatales sino coordinar redes de centros públicos y privados que garaticen el acceso gratuito a todos los niños de hogares pobres. Funcionando con calidad permitirán que los niños de hogares pobres puedan compensar eventuales déficits de estimulación y sociabilización y facilitarán la insercion laboral de las mujeres al poder delegar el cuidado de sus niños.

En tercer lugar, una regulación laboral –ajena el sistema de salud– termina imponiendo arbitrariamente una redistribución de recursos desde el sistema de salud hacia el de educación inicial. Con el agravante de que la totalidad de recursos sanitarios del sistema privado no proviene del Estado sino del bolsillo de las familias. De esta forma, el aumento de los costos de los planes de salud que traerá aparejada esta obligación regulatoria implicará que las familias, además de asignar parte de su presupuesto a pagar una escuela privada para sus hijos –ya que el deterioro de las escuelas del Estado obliga a un número creciente de familias a hacerlo–, deberá asignar recursos adicionales para pagar la educación privada de las trabajadoras de la salud. Es definitivamente un contrasentido. Despropósito que se produce cuando el Estado (en su tres vertientes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– y niveles –nacional, provincial y municipal–) sólo atiende el cobro de los impuestos y se desentiende de sus obligaciones de educación y de salud.

La solución de fondo y sensata al cuidado de la primera infancia es que el Poder Legislativo elimine ese artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, la Justicia se abstenga de mandar a poner obligaciones incumplibles a los privados y las provincias y municipios –que son los responsables constitucionales de la educación inicial– se hagan cargo de gestionar un sistema de cuidado de la primera infancia universal y de calidad.

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